Caracas (Prensa FMH).-En el marco de garantizar la estabilidad familiar de los venezolanos que habitan en condiciones de arrendatarios, el ministro del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, conjuntamente con el primer vicepresidente del parlamento, Darío Vivas, en compañía de diversos voceros de varias asociaciones que agrupan una significativa representación de inquilinos, activaron las mesas técnicas de trabajo con el fin de encontrar solución a corto y mediano plazo a las situaciones de desalojos forzosos que vienen incrementándose en los últimos meses en el territorio nacional.

Molina informó que en respuesta a la solicitud de la gran cantidad de inquilinos que se han visto afectados con esta medida, el despacho para Vivienda y Hábitat ha comenzado a explorar algunas vías para regular y controlar las medidas de desalojo que muchas veces ponen en riesgo la vida de personas mayores, niños, niñas y adolescentes, incluyendo a ciudadanos con discapacidad que son echados a la calle sin tomar en cuenta sus condiciones de vulnerabilidad social.

En este sentido, el titular de Vivienda y Hábitat afirmó que el Gobierno Bolivariano está trabajando sobre varias alternativas para atacar esta problemática que afecta a muchos venezolanos, quienes al verse afectados por la medida de desalojo forzoso, son excluidos del derecho constitucional del acceso a una vivienda digna.

“Estamos evaluando varios niveles a corto plazo para limitar estas medidas. A mediano plazo debería ser la adecuación del estatuto a la Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat y de la Constitución Bolivariana, porque la Ley de Inquilinato todavía se rige por los principios constitucionales y pronto habrá que ponerla al día para poder darle tranquilidad tanto a las familias que pagan alquiler como a los propietarios que prestan sus viviendas”, afirmó el ministro.

Por su parte, el diputado Darío Vivas manifestó que ya son más de 500 mil familias venezolanas las que se ven perjudicadas por estas prácticas irregulares, y es por ello que desde hace varias semanas se han sostenido reuniones con distintos organismos del Estado, más los diferentes colectivos que representan a los inquilinos, quienes son los que se han visto directamente lesionados con esta medida.

Asimismo, agregó que con las mesas de trabajo se busca dar respuestas concretas a esta situación, a fin de conciliar la relación entre el propietario y el inquilino, ya que se han confirmado diferentes mecanismos de presión como la ejecución de desalojos violentos y la utilización de funcionarios policiales, con el propósito de amedrentar a las familias, minimizando el respeto a los derechos humanos.

“La idea es que todos los colectivos actúen de manera conjunta a través del Ministerio de Vivienda y Hábitat, junto con la Defensoría de Pueblo y la Procuraduría General de la República, a manera de obtener una decisión lo más pronto posible y en corto plazo, que de una vez frene la arremetida que se ha venido dando en los últimos meses contra la estabilidad de las familias que viven alquiladas”, puntualizó Vivas.

Por último, expresó que en las próximas horas se debe tener una respuesta para regularizar los desalojos en cada rincón del territorio nacional, “tenemos que tomar una decisión inmediata que pare los desalojos” agregando que debe existir una convivencia entre la persona que adquiere una vivienda para alquilar y el inquilino, ya que lo menos que se pretende es que haya confrontación entre las partes.